En América Latina se ha venido trabajando para mejorar la calidad de los servicios. La Declaración de Caracas  definió los principios y objetivos de la reforma de la atención psiquiátrica en los países de la región para la década de los noventa. Sus principios se refieren fundamentalmente a la necesidad de desarrollar la atención psiquiátrica en estrecha articulación con la atención primaria de salud y dentro del marco de los sistemas locales de salud. Esta estrategia tiene un doble alcance: por una parte, manifiesta que el hospital psiquiátrico deja de ser el componente más importante de la atención en salud mental y por otra, establece que los servicios comunitarios son el medio principal para alcanzar una atención en salud mental accesible, descentralizada, integral, participativa, continua y preventiva. La Declaración también aboga por la necesidad de modernizar la legislación pertinente, con el fin de garantizar mediante una estructura legal, la reestructuración de los servicios y de otra parte, asegurar la promoción y protección de los derechos humanos y civiles de las personas con enfermedades mentales. 

La Declaración de Brasilia en 2005  reafirma la necesidad de establecer redes de servicios comunitarios que reemplacen la atención tradicional y destaca el papel central que corresponde a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas por trastornos mentales, a partir de reconocer que  “continua siendo excesivo el número de camas en los hospitales psiquiátricos y por contraste, demasiado exiguo el numero de servicios alternativos en la comunidad”. Al mismo tiempo advierte los desafíos técnicos y culturales que se profundizaron en los 15 años transcurridos: la vulnerabilidad psicosocial, el aumento de la morbilidad en la niñez y adolescencia, el aumento de la demanda de servicios que aborden la conducta suicida y el abuso del alcohol y el aumento creciente de las diferentes modalidad de violencia.

Finalmente el Consenso de Panamá , celebrado el 8 de Octubre de 2010 llama a los gobiernos y demás actores nacionales a: Impulsar la implementación de la Estrategia y plan de acción sobre salud mental mediante un proceso que debe adaptarse a las condiciones particulares de cada país para poder responder de manera apropiada a las necesidades actuales y futuras en materia de salud mental, como también identificar en los escenarios nacionales los desafíos actuales y emergentes que demandan una respuesta apropiada por parte de los servicios de salud mental, en especial la problemática psicosocial de la niñez, la adolescencia, las mujeres, así como de los grupos poblacionales en situaciones especiales y de vulnerabilidad. Concluyendo “La década del salto hacia la comunidad: por un continente sin manicomios en el 2020”.  

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